La guerra política que está detrás de la violencia en Ciudad Juárez Chihuahua, ha exhibido la lucha fallida del ejército contra el narcotráfico y como consecuencia la delincuencia organizada ha ocupado los espacios abandonados por las autoridades y la propia sociedad juarense.
La masacre de 16 estudiantes de preparatoria en esa población fronteriza muestra la magnitud de la descomposición social y política que se padece esa población. Las declaraciones del presidente Calderón, constituyen una corrección tardía y fallida al triunfalismo, al reconocer que la estrategia debió ser integral.
El Ejército mexicano en el municipio de Juárez es la última línea de defensa contra el crimen organizado, sin embargo su intervención no ha sido la solución, sino la evidencia del fracaso del mando civil en la lucha contra la delincuencia.
Más allá de la presencia del ejército y la policía federal como refuerzo y que estas corporaciones han sido un fracaso, Ciudad Juárez presenta los elementos de un gobierno municipal fallido y de una sociedad fallida por:
Pérdida del control sobre su territorio y del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza pública; una erosionada legitimidad de su autoridad para tomar decisiones sobre la sociedad; incapacidad para proveer servicios públicos como la seguridad pública; incapacidad para generar bienestar y satisfacer a su población.
Como sociedad fallida: la ruptura del tejido social, la inexistencia de una sociedad civil que ha sido movilizada por la delincuencia, que busca una solución mágica a un proceso de desarticulación social y política.
El gobierno municipal como sus antecesores, fue incapaz para operar su papel de mediador, fracasó en su tarea de conciliar los grupos sociales, abandonando su función de salvaguardar las instituciones de seguridad y por ello Ciudad Juárez perdió el control al descubrirse que los policías municipales estaban inmersos en la corrupción o al servicio del narcotráfico.
En Ciudad Juárez se da una típica guerra de posiciones: el crimen organizado ocupando espacios descuidados por la sociedad, que se desarticula como núcleo social y culpa a los demás de su propia desintegración, los partidos politizando el conflicto y el congreso federal se convierte en tribunal para juzgar las acciones federales, estatales y municipales.
La decisión del gobernador José Reyes Baeza Terrazas de solicitar al congreso del estado del cambio de residencia de los poderes del estado es una decisión mediática y política que no resolverá la ola de violencia en la urbe fronteriza.
Por lo que los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa y gobierno estatal deben crear en Juárez la sede de un mando conjunto que coordine una estrategia contra la delincuencia.
Es obligada una reflexión honesta, seria, sobre lo que debe hacerse. Entender al delito en su economía, en su realidad social, en sus condiciones de existencia y operatividad, para así poder actuar con mayor eficacia, en especial, eliminando las causas estructurales que lo propician o lo hacen posible.
En definitiva el gobierno del presidente Calderón más allá de que buscó legitimidad por su cuestionado triunfo electoral, no se equivocó en su determinación de lucha contra el narcotráfico. Más que acierto era una necesidad impostergable. El error estuvo en el diagnóstico y, como consecuencia en la estrategia, cuyos resultados han sido un fracaso.
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