Quitan UMA de pensiones



Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Décimo Octavo Tribunal Colegiado del primer Circuito, dictó este viernes una jurisprudencia que determina que la actualización, pago o límite máximo de una pensión debe aplicarse el salario mínimo por ser la referida pensión, una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo,

Tal determinación es un logro de la lucha que, desde hace dos años llevó a cabo el comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encaminada a recuperar el derecho a que, el monto de la pensión se calcule en salario mínimo y no en la Unidad Medida y Actualización, UMA, que se usa para indexar el salario a ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral.

El acuerdo está publicado en el Semanario Judicial de la Federación de fecha viernes 20 de septiembre de 2019 y procede de los Tribunales Colegiados de Circuito, como rubro de Jurisprudencia Laboral y establece que, la UMA, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratase de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo.

El antecedente del desacuerdo por el uso de la UMAs y no del salario, por parte de los trabajadores de la educación viene desde la aparición del Decreto de Reforma Constitucional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del 2016, por el cual se modificó el Artículo 123, Apartado A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, mismo que, de manera histórica se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones para ordenamientos jurídicos.

Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio la razón a los trabajadores de la educación, al indicar que la pensión de retiro de los maestros es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada en el salario.

Además, responder a la pensión, es decir, generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida laboral activa, mediante aportaciones del salario percibido, ajustadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, por tanto, es una prestación laboral, por tanto, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe de aplicarse el salario, ya que no se trata a cuestiones ajenas a su naturaleza.

Quienes analizaron la demanda de los trabajadores de la educación para que el salario mínimo sea la base de las obligaciones que permitan fijar los montos de la pensión, subrayaron que usar la UMA desnaturalizaría esa prestación y se usaría un factor económico ajeno a lo previsto en la seguridad social, de manera que, desde una perspectiva jurídica no es permisible.

De acuerdo a la información prevista la Jurisprudencia, la aplicación del acuerdo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria a partir del 23 de septiembre, es decir, de este lunes, por tanto, habrá seguridad sobre los números que cada trabajador de la educación que se jubile, contará con una pensión basada en el salario que ahorró y que está disponible en los fondos de ahorro existentes para los trabajadores que concluyen su vida laboral.

A través de la estructura sindical que tiene el SNTE, se bajó a la base trabajadora el acuerdo de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que todo mundo esté enterado de que, las luchas de la organización tiene se ganan mediante el abordaje de los casos a través de razones y documentos, por tanto, se echa por tierra la modificación al Artículo 123 Constitucional en su Apartado A, Fracción VI, que entró en vigor luego de su publicación en el Diario Oficial del 27 de enero de ese 2016.

Como en la mayoría de los estados del país, en Tamaulipas, la sección 30 del SNTE, que tiene a su cargo el profesor Rigoberto Guevara Vázquez, debió de comunicar a sus representantes delegacionales el logro del comité nacional a través de abogados que dedicaron muchas horas para que las pensiones se calculen en base al salario, no de las UMAs.

Obvio, esto pega a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, en donde despacha Luisa María Alcalde, aunque, no en directo a ella, porque no fue su tiempo el de la Reforma Laboral, así que, lo tomará con todas las reservas y sin problema con el sindicato de Trabajadores de la Educación, porque ellos pelearon por lo justo y correcto, puesto que no ahorraron en UMAs para su pensión, sino en salario mínimos.

 

Los otros.

En el Congreso del Estado todo estará dispuesto desde el inicio de la semana para la recepción del III Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Francisco García Cabeza de Vaca, de manera concreta en la sesión pública y solemne que se llevará a cabo el miércoles por la mañana

Será un evento donde coincidirán los tres Poderes del Gobierno de Tamaulipas, porque acudirá también el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrado Horacio Ortiz Renán y desde luego el del Legislativo, Glafiro Salinas Mendiola, quien recibe el documento del III Informe y lo dejará listo para que los nuevos Diputados, que tomarán posesión el primero de octubre, sean quienes realicen el análisis del documento y emitan sus comentarios a cada una de las áreas.

El Oficial Mayor de la Secretaria de Educación del país, Héctor Garza González, anduvo de nuevo en Tamaulipas, ahora como invitado a la conferencia, Diálogos por la Educación que llevaron a cabo las Asociaciones Mujeres entre Nosotras y Comunidad Altruista y Más.

El funcionario de la Federación hizo una descripción de la situación del sector educativo y la forma en que se trabaja para aplicar los nuevos criterios contenidos en la Reforma promulgada por el presidente Don Andrés López Obrador el pasado 15 de mayo y cuyas Leyes Secundarias fueron aprobadas por el Congreso de la Unión.

Respecto a los recursos para la educación, el Oficial Mayor, dijo que Tamaulipas tendrá lo necesario para cumplir con la educación para los niños y jóvenes que acuden a la educación básica, en el entendido de que, para el presidente de la República, la educación es prioridad.