¡No queremos un país totalitario…!



 

 

 “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 49. División de poderes y garantías del gobernado son los dos supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado occidental. La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución democrático-burguesa. Al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad individual. En torno a la concepción de la división del poder público se crearon las partes “orgánicas” de las Constituciones modernas.

Obedece al ejercicio de diversas funciones por parte del Estado moderno, el hecho de asignar a distintos órganos determinadas competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos. “División” implica pues, separación de poderes en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos, interdependientes, y cuya conjunta actuación entraña el ejercicio del poder público por parte del Estado.

Según Aristóteles, en la polis debe darse una división de funciones, en la que un órgano denominado asamblea deliberante resuelve sobre los asuntos comunes; al segundo, llamado grupo de magistrados, se le encomienda resolver sobre ciertos asuntos, el juzgar y el mandar es por excelencia lo propio del poder. Por último, un cuerpo judicial encargado de dirimir controversias mediante tribunales, mismos que se encontraban organizados por materias para un mejor funcionamiento. A partir de la doctrina aristotélica, numerosos pensadores han planteado la necesidad de diferenciar, e incluso separar las funciones del poder público. Así, Polibio, Cicerón, Tomás de Aquino, Marcillo de Padua, Maquiavelo, Bodino (quien ya plantea la existencia de cinco formas de soberanía y la necesidad de un Poder Judicial autónomo), y Puffendorf, no pueden ser ignorados entre los más sobresalientes.

la Constitución de Apatzingán, sancionada en 1814 por el Congreso de Anáhuac a iniciativa de José María Morelos, contemplaba ya la institución, al disponer en sus numerales 11 y 12, respectivamente: “Tres son las atribuciones de la soberanía, la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares...”. “Estos tres Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación…”.

Hoy se pretenden vulnerar los derechos de jueces, magistrados, ministros y de los integrantes del Poder Judicial en general; el Estado de Derecho y la división de poderes son amenazados por un intento de reducir sus salarios, pasando por encima de la independencia judicial, en lo que la nueva administración federal ha llamado austeridad republicana.

En un acto de dignidad y valor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro instructor Alberto Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre otorgó una suspensión para aplicar el Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovida por el nuevo gobierno morenista, a los salarios de 2019, esto luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por las minorías parlamentarias del Senado de la República el 5 de diciembre.

Es de significarse que a la acción del Senado se suma la interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ve en este intento de intromisión al Poder Judicial un peligro para la estabilidad del Estado.

Es cierto: los nuevos tiempos de México no permiten privilegios ni gasto excesivo, pero ese no puede ser el pretexto para que el Ejecutivo intente establecer una supremacía sobre el Legislativo y Judicial.

La intentona morenista de vulnerar los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial, pero sobre todo de socavar la división de poderes, exhibe la ignorancia o el deliberado olvido de quienes hoy nos gobiernan, que fue precisamente este régimen de división y equilibrio de poderes el que les garantizó las condiciones para que el pasado 1 de julio no les fueran regateados sus triunfos, tanto en el ámbito legislativo federal como en el de la Presidencia de la República, y que fue este mismo régimen el garante de que en el 2000 tuviéramos una alternancia sin sobresaltos en la gobernabilidad de la República.

En un régimen democrático es imposible la coexistencia de jueces dóciles, con un parlamento sumiso y un Ejecutivo al mando de todos.

En el informe de labores el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, no le mandó decir a el presidente López, sino que en su cara le dijo “si un juez no goza de independencia se convierte en mandadero”.  

Y eso es tener el valor suficiente para defender el Poder Judicial que él preside, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sin temor lo hace, por ello mismo, todos los mexicanos debemos tomar cartas en el asunto y evitar que Obrador y Morena, implanten en México un sistema totalitario, como lo pretenden, puesto que ya casi tienen dominados dos de los poderes de la Unión, el Legislativo y el ejecutivo y pretenden ir por el Judicial, para que nadie les haga sombra, pero estamos todos los ciudadanos que si queremos a nuestro México libre y que no cejaremos hasta hacerlo comprender que ¡no queremos un país totalitario! 

Y para hacer lo que nos toca … ¡Aquí estamos!  

Alvarezfj.2@gmail.com