¿Miedo, o justicia?



PEl asunto es simple: ¿qué persigue el gobierno al equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada? ¿Provocar miedo, o hacer justicia?

Las reformas a la Ley de Delincuencia Organizada aprobadas por el Senado para combatir la expedición de facturas falsas rompe con el principio constitucional de proporcionalidad en materia penal.

Este principio obliga tanto a legisladores como a jueces a aprobar y aplicar penas de manera racional, con fines claros y específicos, sin atentar contra los derechos humanos de terceros.

El espíritu y la finalidad de la ley aprobada son confusos. Se esperaría que la iniciativa fuera un mensaje contra los carteles de la droga y las redes de trata que lavan dinero. La narrativa, sin embargo, va dirigida contra el sector productivo y empresarial del país.

Hay en ella un mensaje subliminal: los empresarios mexicanos forman parte de la delincuencia organizada y hace sentir al contribuyente, de todos los niveles, indefenso y amenazado por la fuerza del Estado.

Déjeme ser clara, lector. El Artículo 14º de la Constitución señala que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales”.

El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, dijo, sin embargo, que con esa reforma no será necesaria una sentencia para llevar a un presunto culpable a la cárcel.

Si México tuviera en este momento un gobierno sin afanes autoritarios e ideas caprichosas y verticalista del poder, los términos de esa ley habrían estado apegados a la constitucionalidad.

Así como está y como fue aprobada por Morena y sus aliados, es un instrumento de control para perseguir y castigar a los adversarios políticos. No para hacer justicia o combatir la evasión fiscal.

No hay claridad sobre lo que piensa o quiere la cuarta transformación de la iniciativa privada. ¿Por qué le impone una ley amenazante –que no justa– cuando la economía está paralizada y es urgente crear condiciones de confianza y certidumbre jurídica para invertir?

No se trata de ignorar que la defraudación fiscal en México equivale a 500 mil millones de pesos anuales, que en el sexenio pasado se emitieron 8.8 millones de facturas apócrifas, que muchas empresas nacionales y trasnacionales no pagan impuestos u ocultan dinero, y que todo esto provoca un daño irreversible a las finanzas públicas del país.

Lo que se cuestiona no es el fin, sino el medio.

Elevar la defraudación fiscal a delincuencia organizada implica tratar a un presunto evasor –que no ha podido defenderse– de la misma forma que a un narcotraficante. La policía podrá catear domicilios, incautar bienes, recurrir a testigos protegidos, infiltraciones y escuchas telefónicas.

Lo dijo bien el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos; de lo que se trata es de que no haya terrorismo fiscal, injusticias, en las que terminen pagando justos por pecadores.

Y es que la reforma convierte a cada ciudadano en un delincuente potencial, en un blanco de la justicia a modo y en víctima del terrorismo de Estado.

P.D. El terrorismo de Estado consiste en el uso de métodos ilegítimos, por parte del gobierno, para producir miedo en la población civil.