De Poder a Poder



 

           El Presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una campaña de desprestigio en contra de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán admitiera el trámite para declarar inconstitucional la reforma de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos solicitada por Senadores del PAN y del PRI, además de ordenar a la Cámara de Diputados que elabore el Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) del 2019 conforme a las reglas aplicadas en el 2018.

          De inmediato afirmó que los ministros de la SCJN se equivocaron al conceder la acción de inconstitucionalidad, pero además aprovecho el escaparate de la toma de posesión de Rutilio Escandón Cadenas como nuevo gobernador de Chiapas para señalar que ganan 600 mil pesos mensuales y cuyo ingreso “es una ofensa para el Pueblo de México”.

          López Obrador también dijo que es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, sin embargo aseveró que los ministros son deshonestos, insensibles y ponen el mal ejemplo.

          Incluso, expresó que deberían de quitar el cuadro de Benito Juárez García del pleno de la SCJN porque no siguen el apotegma que decía el Benemérito de las Américas: “que los funcionarios deberían aprender a vivir en la justa medianía”.

          Lógicamente que en esta lucha de poder a poder saldrá avante el político tabasqueño, debido a que continuará su campaña en contra de los ministros de la SCJN y no se descarta la posibilidad de que organice una consulta ciudadana más para que, el “Pueblo Sabio”, decida bajarle el sueldo a esos mexicanos faltos de solidaridad con las gentes que menos tienen.

          Aunque se debe tomar en cuenta que la reforma de una ley no es retroactiva, por lo que a nadie se le podrá bajar el sueldo como se pretende ahora con la llamada “austeridad republicana”.

          Por su parte, el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, no acatará en su totalidad la orden del ministro Pérez Dayán porque dijo que continuara la elaboración del PREF del 2019 en base a la reforma de la Ley de Remuneraciones, incluso expresó que sólo respetara los ingresos de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

          Se le olvida al diputado Delgado Carrillo que el marco legal no contempla ninguna excepción, es decir se debe aplicar para todos los servidores públicos y no solamente a quienes laboran en el PJF.

          Y seguramente creció el enojo de López Obrador luego de que por mayoría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de Martha Erika Alonso Hidalgo, por lo que tomará posesión como gobernadora de Puebla el próximo 14 de diciembre en sustitución de José Antonio Gali Fayad.

          Fue una decisión dividida, debido a que los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales descartaron todas y cada una de las impugnaciones presentadas por el equipo de abogados del ahora ex-candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

          En contraste, los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez, insistieron en que si se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales en la elección poblana, por lo que se vulnero el principio constitucional de la certeza.

          Cabe destacar que el ministro Vargas Valdez, encargado del proyecto de sentencia que proponía la anulación de la elección en Puebla, denunció que recibieron presiones y hasta amenazas, sin embargo no presentó pruebas de sus acusaciones ni mucho menos dijo los nombres de quienes supuestamente trataron de intimidarlos para cambiar sus decisiones.

          Las denuncias sin fundamentos ni pruebas, como las del magistrado Vargas Valdez, sólo contribuyen a crear un estado de zozobra y caos social, que a nadie le conviene ni mucho menos contribuye a recuperar la paz y confianza de la ciudadanía en las autoridades gubernamentales.

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